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Probable desacato por no proteger Parque de los Nevados alcanza al presidente Duque

  Un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué escribe un nuevo capítulo en la lucha jurídica que busca la protección ambi...

 


Un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué escribe un nuevo capítulo en la lucha jurídica que busca la protección ambiental del Parque Nacional Natural los Nevados, por desacato al cumplimiento del fallo de tutela. El presidente Iván Duque; la alcaldesa de Casabianca, Yineth Cifuentes y dos servidores públicos de Caldas y Quindío deberán afrontar sanciones disciplinarias.

La decisión que no había sido tenida en cuenta del pasado noviembre del 2021, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el PNN Los Nevados es sujeto de derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano, cuya representación legal está a cargo del presidente.

Al mismo tiempo, en el fallo se ordenó a entes territoriales de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío (en el caso del Tolima, los municipios proferidos son Anzoátegui, Santa Isabel, Ibagué, Murillo y Casabianca), corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales de carácter nacional; a elaborar de manera mancomunada el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación para el PNN los Nevados.

Varios grupos ambientalistas han hecho seguimiento al caso, pues el ecosistema tiene dificultades con la presencia de ganadería extensiva en zonas frágiles como páramos y subpáramos, además de agricultura poco planeada, caza y tráfico de especímenes, y turismo no regulado.

Juan Felipe Rodríguez, abogado ambientalista y promotor de la acción de tutela, indicó que son muchas las órdenes que se consignan dentro del fallo.

“La Corte Suprema de Justicia advertíó que hay distintas problemáticas de orden público en esta área protegida. El presidente no acató la orden porque lo único que hizo fue designar a un par de militares para la custodia del parque, pero eso no corresponde a la orden como tal, porque el fallo fue claro en que el mandatario debía constituir este grupo especial ambiental”, explicó Rodríguez.

 

 

 

La sentencia también ordena normar las actividades de senderismo sobre la zona protegida.

En cuanto a la alcaldesa de Casabianca, Rodríguez comentó que el Tribunal la ha requerido en varias oportunidades para que informe sobre las acciones que está ejecutando en el marco del cumplimiento del fallo. “Todo lo que tiene que ver con monitoreo dentro de su jurisdicción, socialización con la comunidad y caracterización en la zona, la alcaldesa aún no lo ha documentado ante el Tribunal, y es por eso que también se dio apertura del incidente de desacato en su contra”, comentó.

De tal manera, el abogado ambientalista refirió que los servidores públicos podrían afrontar sanciones de tipo pecuniarias, arrestos o implicaciones penales, tal como lo advierte el decreto 2591 de 1991. “Nadie está por encima de la ley, si se descubre que se incumple una orden de tutela, se le acarrearía unas sanciones”, argumentó.

“Lo especial en el caso de Duque es que el decreto dice que, al acreditarse el incumplimiento del fallo de tutela, el presidente tiene un juez natural que es la comisión de acusaciones para este tipo de implicaciones penales, mientras que los casos de los otros funcionarios deben tramitarse a través de la Fiscalía”, aseveró Rodriguez.

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