Un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué escribe un nuevo capítulo en la lucha jurídica que busca la protección ambi...
Un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué escribe un nuevo capítulo en la lucha jurídica que busca la protección ambiental del Parque Nacional Natural los Nevados, por desacato al cumplimiento del fallo de tutela. El presidente Iván Duque; la alcaldesa de Casabianca, Yineth Cifuentes y dos servidores públicos de Caldas y Quindío deberán afrontar sanciones disciplinarias.
La decisión que no había sido
tenida en cuenta del pasado noviembre del 2021, la Corte Suprema de Justicia
resolvió que el PNN Los Nevados es sujeto de derecho a la vida, a la salud y al
ambiente sano, cuya representación legal está a cargo del presidente.
Al mismo tiempo, en el fallo
se ordenó a entes territoriales de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío (en el
caso del Tolima, los municipios proferidos son Anzoátegui, Santa Isabel,
Ibagué, Murillo y Casabianca), corporaciones autónomas regionales y demás
autoridades ambientales de carácter nacional; a elaborar de manera mancomunada
el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación para el
PNN los Nevados.
Varios grupos ambientalistas
han hecho seguimiento al caso, pues el ecosistema tiene dificultades con la
presencia de ganadería extensiva en zonas frágiles como páramos y subpáramos,
además de agricultura poco planeada, caza y tráfico de especímenes, y turismo
no regulado.
Juan Felipe Rodríguez, abogado
ambientalista y promotor de la acción de tutela, indicó que son muchas las
órdenes que se consignan dentro del fallo.
“La Corte Suprema de Justicia
advertíó que hay distintas problemáticas de orden público en esta área
protegida. El presidente no acató la orden porque lo único que hizo fue
designar a un par de militares para la custodia del parque, pero eso no
corresponde a la orden como tal, porque el fallo fue claro en que el mandatario
debía constituir este grupo especial ambiental”, explicó Rodríguez.
La sentencia también ordena normar
las actividades de senderismo sobre la zona protegida.
En cuanto a la alcaldesa de
Casabianca, Rodríguez comentó que el Tribunal la ha requerido en varias
oportunidades para que informe sobre las acciones que está ejecutando en el
marco del cumplimiento del fallo. “Todo lo que tiene que ver con monitoreo
dentro de su jurisdicción, socialización con la comunidad y caracterización en
la zona, la alcaldesa aún no lo ha documentado ante el Tribunal, y es por eso
que también se dio apertura del incidente de desacato en su contra”, comentó.
De tal manera, el abogado
ambientalista refirió que los servidores públicos podrían afrontar sanciones de
tipo pecuniarias, arrestos o implicaciones penales, tal como lo advierte el
decreto 2591 de 1991. “Nadie está por encima de la ley, si se descubre que se
incumple una orden de tutela, se le acarrearía unas sanciones”, argumentó.
“Lo especial en el caso de
Duque es que el decreto dice que, al acreditarse el incumplimiento del fallo de
tutela, el presidente tiene un juez natural que es la comisión de acusaciones
para este tipo de implicaciones penales, mientras que los casos de los otros
funcionarios deben tramitarse a través de la Fiscalía”, aseveró Rodriguez.
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