La problemática del acueducto de esta población y ante las presiones de las veedurías y de la misma ciudadanía se logró la intervención del ...
La problemática del acueducto de esta población y ante las presiones de las veedurías y de la misma ciudadanía se logró la intervención del ente de control.
La Contraloría General de la República, CGR, hizo una
fiscalización al Plan Departamental de Aguas, PDA, en Armero – Guayabal, y a
otros municipios 2020 y 2021. El centro de la revisión fueron las obras que
tenían como fin mejorar la calidad de agua, al igual que la cobertura; sin
embargo, en algunos casos se encontraron construcciones deficientes.
Dentro de los proyectos analizados estuvieron la
optimización del sistema de acueducto según Plan Maestro de Armero – Guayabal,
el cual ascendió a una inversión de $11 mil 084 millones;
El análisis de la CGR evidenció “inconsistencias en la ejecución
de las obras contratadas por deficiencias técnicas y mayores valores pagados
tanto en contratos de obra como de interventoría”.
La visita, convocada por las veedurías, incluyó un
recorrido por la bocatoma, la línea de conducción, el tanque desarenador, la línea
de conducción y la planta de tratamiento.
En el informe fue entregado en junio, firmado por Javier
Tomás Reyes Bustamante, contralor delegado para el Sector Vivienda y
Saneamiento Básico de la CGR, se hace un análisis de la situación de Armero –
Guayabal, población que recibió una inversión mayor a los $10 mil millones y
que hasta el mes anterior tenía problemas por falta de agua.
Uno de los hallazgos con alcance disciplinario y fiscal fue
detectado en el contrato de interventoría administrativa, técnica y financiera
N°130 de 2018 celebrado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
Tolima, Edat, como gestora del PDA por un valor de $858 millones.
En este caso la Contraloría expone 1 en la relación de
pagos, se sumó el trabajo de dos ingenieros residentes de obra por $773
millones, valor que se reflejó a través de seis actas parciales y una final;
sin embargo, en los informes solo se registró el servicio de un ingeniero, el
hecho generó una diferencia de $77 millones, valor que se considera como
detrimento patrimonial.
Y se precisa que ocurrió por una “deficiente labor de
vigilancia y control ejercida por la Edat a través del Supervisor del contrato
y del contratista al incluir en su propuesta y cobrar por servicios y costos no
incurridos en la ejecución del contrato respecto al número de profesionales,
ingenieros de obra”.
Otro hallazgo o presunta irregularidad se generó del
contrato de obra N°128 de 2018 suscrito por la Edat y el Consorcio Acueducto
TMS que ascendió a los $10 mil 225 millones, el objeto era la optimización del
sistema de acueducto del municipio en un plazo de 10 meses.
En abril, mes en que se adelantó la auditoría, se revisaron
siete actas de recibo parcial de la obra por $8 mil 506 millones, es decir el
85 % del valor total, sobre dicho valor se detectó un presunto daño fiscal por
$899 millones 418 mil, relacionados con deficiencias en los precios unitarios y
mayores valores pagados de lo proyectado inicialmente.
Entre los cambios de precios que no se justifican está el
suministro e instalación de falso fondo todo incluido, que cambió de $503 mil
por metro cuadrado a un millón 057 mil pesos, asimismo, se incluye la
instalación de un medidor electromagnético que tuvo un precio de $30 millones
037 mil.
Según la Empresa de Servicios Públicos del Municipio, el
macromedidor estaba fuera de servicio porque no medía el caudal que circulaba
por la red del acueducto, “por lo cual no presta ningún servicio o utilidad en
el control y operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Ptap”, se
describe en el informe.
Igualmente, se llama la atención sobre un mayor pago en
gastos de administración y sobrevalores en la mano de obra, en este último ítem
se encontró una diferencia de $201 millones entre las actas parciales números
cuatro y siete correspondientes a mano de obra ejecutada.
Se realizó una revisión en la funcionalidad de la línea de
conducción, el resultado fue deficiencias de funcionamiento hidráulico en la
tubería de polietileno de alta densidad, Pead, de 250 milímetros, las obras
complementarias y accesorias, “la cual lleva únicamente en forma diaria en
promedio 35 litros por segundo y no los 45 litros por segundo previstos en los
diseños hidráulicos del sistema, necesarios para garantizar la prestación de
los servicios adecuados, condiciones de cantidad, calidad y continuidad, se
incumple así el objetivo”.
Las fallas fueron vistas como un hallazgo administrativo
con incidencia fiscal por posible detrimento patrimonial de $899 millones 418
mil, además, se agrega una incidencia disciplinaria y la solicitud de una
indagación patrimonial para precisar cuáles son las causas de que llegue a la
planta de tratamiento, una menor cantidad de agua de la que se había
establecido tras hacer la millonaria inversión.
En diálogo con Orlando Sepúlveda Chaves, presidente de la
veeduría Auditoría Visible, indicó que tras adelantarse varias pruebas se
comprobó que por la nueva línea de conducción del acueducto circulan máximo 35
l/s.
Asimismo, mencionó que la reunión con Herrera se adelantó
tras una invitación de las veedurías, en dicho espacio estuvieron presentes el alcalde
de Armero – Guayabal, el Personero, concejales, el Gerente de la Empresa de
Servicios Públicos del Municipio, líderes comunitarios y sociales, al igual
que, veedores. En la misma se determinó realizar la respectiva reclamación
sobre las pólizas que respaldan la estabilidad de la obra.
Ante los hechos las veedurías ciudadanas Auditoría Visible,
Comunal Ciudadana y Vapi, enviaron un derecho de petición dirigido a Lina María
Laguna Bermeo de la Contraloría General de la República, Gerencia General
Colegiada Zonal Tolima, rechazando “las actuaciones y omisiones de la
Contraloría”, argumentando varias razones.
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