La orden de captura en contra del mandatario está en poder de la Policía de Caldas y deberá hacerse efectiva. El juzgado segundo promisc...
La orden de captura en contra del mandatario está en poder de la Policía de Caldas y deberá hacerse efectiva.
El juzgado segundo promiscuo
municipal de La Dorada, Caldas, emitió orden de arresto en contra del alcalde
del municipio, César Álzate, al incumplir una tutela. El alcalde estaba en la
obligación de pagar salarios y prestaciones sociales que fueron dejadas de
percibir por 35 personas quienes fueron desvinculadas de su cargo en medio de
una reestructuración administrativa en 2020.
En el 2014 la Alcaldía de La
Dorada contrató con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, un
estudio de cargas laborales y capacidad financiera para ampliar la planta del
personal. De esta manera se suscribe con la Comisión Nacional del Servicio
Civil, el acuerdo número 4096 del 14 de septiembre de 2018, donde se convoca a
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 49 cargos, con 145
vacantes.
El rol de elegibles para
proveer los cargos quedó en firme en febrero de 2020, un mes después de que el
alcalde Álzate entró en ejercicio de actividades, el funcionario no acató la
decisión y comenzó un proceso de reestructuración, aduciendo que el municipio se encontraba en déficit
fiscal, por lo que 66 profesionales fueron retirados de su cargo.
“La orden de desacato fue
porque varios accionantes mencionaron a la juez que nos dio una medida
provisional mientras que se hacían efectivos los procesos administrativos en
segunda instancia, la Alcaldía municipal debía mantenernos laborando, pero
ellos hicieron caso omiso a eso, y nos tuvieron desvinculados por más de cinco
meses, razón por la cual se cometieron una serie de desacatos de tutela, en
donde la juez segunda promiscua de familia confirma que están en desacato
porque no nos han pagado los salarios dejados de percibir por sacarnos de
nuestros trabajos”, señaló una fuente protegida que hace parte del conjunto de
personas que fueron nombradas en 2020.
Para posicionarse, algunas de
estas personas presentaron demandas y tutelas ante la fiscalía general de la
Nación, entre las cuales hay un fallo que ordena el nombramiento y pago
retroactivo de salario y prestaciones, que no se acogió integralmente por el
alcalde Álzate según los accionantes.
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